A 11 AÑOS DEL INFORME CVR:
PERMANECEN SERIAS DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE ATENCION A LAS VÍCTIMAS Y A PREVENIR EL IMPACTO DE DISCURSOS VIOLENTISTAS ENTRE LOS JOVENES
El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público (IML) solo cuenta con 5 profesionales a nivel nacional para identificar y reconstruir cuerpos de desparecidos durante 1980 a 2000.
En el 2013 IML informó que se desconoce el paradero de 15.731 personas debido a la desaparición forzada, entierros informales por ejecuciones extrajudiciales, los que cayeron en combate, entre otros motivos. Cada individuo es recuperado en 30 días, por el paso del tiempo los cuerpos, sobre todo de los niños y menores asesinados no podrán ser restituidos a sus familiares. En 11 años se han entregado 1462 individuos.
Gobiernos regionales no aseguraron presupuesto para atender la salud mental de las víctimas de la violencia política en 11 regiones más afectadas.
En 2013 la Dirección Nacional de Salud Mental, reportó 32,463 atenciones a afectados por la violencia política en 12 regiones priorizadas. Sin embargo en 2014 el Presupuesto Institucional Modificado solicitado por la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, Apurímac II, Junín, Puno, Ica, San Martín Cajamarca, Lima y La Libertad para atender estos casos es nulo; disminuyó en Apurímac I, Ancash, Huánuco y Ucayali, y solo se incrementó en Cusco, Huancavelica y Pasco. A nivel nacional solo 63 profesionales de la salud han sido asignados para realizar esta labor.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) no ha cumplido con la eliminación de exclusiones y discriminación que genera la norma de reparación a las víctimas. Las víctimas recibieron distintos montos de reparación. Los CADs recibieron alrededor de 30 mil nuevos soles, la familia del Magistrado Carlos Giusti Acuña, que fallecido por un infarto durante la toma de la embajada de Japón 30 mil dólares, mientras que las otras víctimas reciben 10 mil nuevos soles. Las víctimas de violencia sexual e inscritos luego del cierre del registro único de víctimas durante el gobierno aprista no accederán a ningún tipo de reparación. Así mismo, las comunidades desplazadas vienen presentando serias dificultades para incorporarse en los proyectos de reparación colectiva.
Hace falta una política de educación en memoria y espacios públicos para la memoria.
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú identificó en 2013 101 sitios de memoria[1] sin embargo no existe una política estatal que articule a los sectores educación, cultura, justicia y derechos humanos, gobiernos regionales y locales, que hagan posible su difusión, recuperación, la creación de nuevos sitios de memoria, y su uso pedagógico a nivel nacional.
Instituciones y organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares conmemorarán aniversario a nivel nacional:https://www.facebook.com/events/708339992564382/
PERMANECEN SERIAS DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE ATENCION A LAS VÍCTIMAS Y A PREVENIR EL IMPACTO DE DISCURSOS VIOLENTISTAS ENTRE LOS JOVENES
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