¿Habrá condenas a quienes torturaron para Majaz?

Wilfredo Ardito Vega *

Adital -
Conmoción e indignación han generado las fotos de los actos de tortura cometidos por los policías de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) contra 28 campesinos piuranos, entre ellos dos mujeres, y el periodista Julio Vásquez de Radio Cutivalú. Lo más terrible es que no fue ni el primero ni el último crimen en el que están involucrados sean la DINOES o la empresa minera Majaz, ahora llamada Río Blanco Copper.
Las torturas se produjeron en agosto del 2005, a los pocos días que Alejandro Toledo, en su mensaje a la nación, sostuviera que su gobierno "no se había manchado las manos de sangre". En las fotos, aparece todavía con vida Melanio García, el campesino asesinado por los policías, como otras catorce personas durante el régimen toledista.


El centro de torturas fue el campamento que Majaz ha establecido ilegalmente en dos comunidades campesinas piuranas. Desde hace seis años, esta empresa parece creer que la mejor forma de convencer sobre las ventajas de su labor a los comuneros y a otros habitantes de Piura y Cajamarca es amenazándolos, denunciándolos por terrorismo y haciéndolos detener y torturar. Como se verá después en la cronología adjunta, su trayectoria deja a empresas como Yanacocha o Doe Run como un modelo de respeto por la vida y la dignidad humana.

A quienes creen que los crímenes cometidos en Piura fueron un exceso aislado de la DINOES, debemos decirles que en marzo del año pasado, sesenta habitantes de Andoas (Loreto) denunciaron haber sufrido maltratos similares por parte de los efectivos de la DINOES, quienes en este caso usaron las instalaciones de la empresa Pluspetrol.

Tortura, golpizas, detenciones arbitrarias también fue el modus operandi de la DINOES en Puerto Maldonado en el mes de julio, después del incendio de la sede del Gobierno Regional. Las víctimas no eran los autores, sino los dirigentes indígenas o todo el que por sus rasgos físicos pareciera indígena. También el Presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, el empresario de origen andino Manuel Cayoquispe, fue sacado de un restaurante por los policías, quienes le patearon con sus botas repetidas veces en el rostro y el cuerpo y luego lo torturaron en la comisaría.

¿Por qué en diversos lugares del país la DINOES actúa con tanta brutalidad hacia ciudadanos indefensos? Para explicar esto habría que recordar que cuando se consolidan las fuerzas policiales, en las primeras décadas del siglo XX, no estaban pensadas para actuar al servicio de la ciudadanía, sino de los sectores dominantes, es decir para proteger a unos peruanos de otros. A la llamada "ciudadanía" pertenecían en aquellos días, muy pocos peruanos. La policía actuaba obedientemente para reprimir con toda violencia una movilización por la jornada laboral de ocho horas, o a unos campesinos descontentos con el despojo de sus tierras.

La migración, la expansión de la educación, la Reforma Agraria, modificaron la estructura de la sociedad peruana, pero, a pesar de ello, muchos uniformados todavía dividen a los ciudadanos entre aquellos a quienes se les teme y aquellos de los que se puede abusar. La peor prueba de ello ocurrió durante los años ochenta, cuando se perpetraron en Ayacucho crímenes cuyos autores jamás habrían podido cometer en Surco o Pueblo Libre. Un caso más conocido fue la detención de Abrham Nina, César Cavero, Jorge Chávez y Daniel Tavera, cerca de Larcomar y su posterior tortura practicados en la comisaría de Miraflores.

La propensión de la policía a servir a los poderosos y ensañarse con las personas más vulnerables es muy conveniente a algunos intereses económicos. Muchos habitantes de Huamachuco, Quiruvilca y Tayabamba, en la olvidada sierra de la Libertad, se encuentran inermes frente a los abigeos, mientras amplios contingentes policiales protegen a las empresas mineras que allí funcionan. El año pasado, eso sí, la policía se hizo presente para matar a los obreros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco que protestaban contra los abusos laborales de la empresa Marsa.

Naturalmente, la policía no está la única institución estatal que actúa como incondicional defensora de los intereses de algunas empresas privadas por encima de los derechos de los ciudadanos: una conveniente ley exonera a los agroexportadores de pagar CTS o gratificaciones a sus trabajadores. Las víctimas del derrame de mercurio de Choropampa siguen olvidadas por las autoridades. En Ayacucho, la Presidencia del Consejo de Ministros ha declarado el estado de emergencia, restringiendo numerosos derechos fundamentales de los campesinos para neutralizar su oposición a la empresa Perú LNG.

En otro país, los seis años de abusos cometidos y fomentados por la empresa Majaz habrían generado que sus actividades fueran suspendidas definitivamente. En el Perú, ha gozado de la protección de dos gobiernos democráticamente elegidos. Como lo grafican las fotografías, detrás de muchas violaciones a los derechos humanos cometidas en tiempos de García y de Toledo subyacen claros intereses económicos.


CRONOLOGÍA DEL CASO MAJAZ

Entre 2002 y 2003 La empresa Majaz, de capital británico, se instala en las comunidades campesinas de Segundo y Cajas y Yanta sin tener la autorización de las respectivas asambleas comunales. Comienzan las actividades de exploración y las protestas de los campesinos. El Ministerio de Energía y Minas ignora estas últimas.

2004. Abril. Se realiza una gran marcha campesina hacia el campamento de Majaz. La policía responde violentamente, ocasionando la muerte al rondero Reemberto Herrera. Algunas versiones sostienen que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y otras que un policía le disparó directamente. La muerte de Herrera pasa desapercibida para la opinión pública, en parte porque coincide con el asesinato del Alcalde de Ilave.

La empresa denuncia por terrorismo a los dirigentes campesinos, los sacerdotes y autoridades de la zona. La denuncia sería archivada posteriormente.

2004. Mayo. Los Obispos de Piura, Chulucanas y Jaén piden que no se realicen actividades mineras en sus diócesis por los graves daños ambientales y sociales que generan.

2004. Noviembre. En Huancabamba, una turba ligada a la empresa destruye la emisora ambientalista La Poderosa, dirigida por el periodista Federico Ibáñez.

2004. Diciembre. Una turba golpea y somete a diversas vejaciones a Ibáñez y a la dirigenta campesina Josefa Adrianzén. Posteriormente, la policía los detiene durante dos meses. Impresionante silencio de los organismos ligados a la defensa de la libertad de prensa.

2004 a 2007. Permanentes campañas de difamación desde el diario Correo de Piura contra quienes se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de Chulucanas, Daniel Turley y el jesuita Francisco Muguiro. El programa Panorama, de Panamericana Televisión vincula a todos los opositores con un supuesto grupo terrorista.

2005. Agosto. Marcha campesina hacia el campamento de Majaz. Es enviada la DINOES que detiene a muchos campesinos. Veintiocho de ellos, entre ellos dos mujeres, son torturados durante varios días en el campamento. También es torturado el periodista Julio Vásquez. Muere Melanio García por acción de los efectivos de la DINOES. En las torturas participa también personal de Forza, la empresa de seguridad de Majaz.

2006. Marzo. Un foro sobre el agua y la minería es violentamente interrumpido a pedradas por una turba transportada por representantes de Majaz, quienes inclusive adquirieron los huevos que también fueron arrojados. Los matones golpean a expositores y asistentes. Uno de ellos, el campesino Vicente Alcorta, es encontrado amarrado y en estado inconsciente por la paliza recibida. Al parecer, los criminales lo habían confundido con el alcalde de San Ignacio.

2006. Richard Ralph, embajador inglés, deja su cargo, pero a los pocos meses regresa al Perú como Presidente Ejecutivo de la empresa Majaz en una evidente manipulación de sus anteriores influencias. Ralph insiste en que está en una nueva etapa y se suspenden los pagos a los periodistas que difamaban a dirigentes, pero la empresa rehúsa retirarse de las comunidades usurpadas. Tiempo después, Ralph es condenado en el Reino Unido por un caso de corrupción ligado a la empresa.
Entretanto, pese a los múltiples testimonios, el Fiscal a cargo de investigar las torturas archiva el proceso. Al poco tiempo, es detenido por un caso de corrupción y continúa en la cárcel.

2007: El consorcio chino Zijin adquiere las acciones de Monterrico Metals y el proyecto cambia su denominación de Río Blanco. Los funcionarios más dialogantes son removidos de sus cargos. Se reanudan las campañas difamatorias en Correo de Piura.

2007. Setiembre. En una consulta vecinal, organizada por las tres municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaypampa, la presencia de Majaz es mayoritariamente rechazada. La empresa, el gobierno y algunos medios de comunicación llevan a cabo una intensa campaña de desprestigio hacia los organizadores, acusándolos inclusive de terroristas ligados al gobierno de Hugo Chávez y a Al Qaeda. Los observadores de la ONPE y otras instituciones se salvan de ser agredidos por una turba ligada a la empresa.

2008. Marzo. Nueva denuncia por terrorismo, esta vez contra las autoridades que convocaron la consulta vecinal, integrantes de diversas ONG como Javier Jahncke (Fedepaz) y Julia Cuadros (Cooperacción) y numerosos dirigentes campesinos. En primera instancia es archivada por el Ministerio Público.

A lo largo del año, el Consejo de la Prensa se pronuncia contra los abusos cometidos por el diario Correo de Piura y el Poder Judicial condena por difamación a los periodistas de Panorama Alejandro Guerrero y Alamo Pérez Luna, aunque la pena es mucho menor que la recibida por Magaly Medina, unos meses después.

2008. Diciembre. Se reabre el proceso por terrorismo contra los opositores a Majaz. El Ministerio de Defensa emite el Decreto Supremo 024-2008-DE que declara de "necesidad pública" la intervención de Majaz en la zona de frontera.

2009. Enero. Las fotografías de las torturas cometidas en agosto del 2005 por los efectivos de la DINOES y el personal de Forza son reveladas por integrantes de Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La empresa Río Blanco, en un intento de desviar la atención pública, señala que un campamento suyo ha sido incendiado por los campesinos. Al no tener mayores resultados, niega toda vinculación con los hechos y sostiene que sólo tiene responsabilidad desde el 2007. Sin embargo, se mantienen los funcionarios de aquellos años y la política de usurpación de los territorios comunales.


* Abogado. Master en Derecho Internacional de los DH. Catedrático universitario. Miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de DH. Resp. de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de APRODEH